Aún no sabemos qué ha causado el accidente de Adamuz. La experiencia del Alvia en Angrois dice que tardaremos en averiguarlo

Carlos Prego
Carlos Prego
¿Por qué? Si hay una pregunta que circule hoy en España, en las oficinas de Renfe, Adif e Iryo, el Ministerio de Transportes, las redacciones de los medios de comunicación, los sindicatos y desde luego en las calles y bares es esa: ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un tren prácticamente nuevo, que no llegaba a cuatro años, descarrilara ayer por la tarde en una vía renovada en primavera, dejando decenas de víctimas? Todas esas dudas (y alguna más) deberá responderlas un equipo de expertos en accidentes ferroviarios, un ‘CSI’ especial que no lo tendrá fácil.
Desde el Gobierno ya advierten que la investigación durará como mínimo un mes, pero siniestros anteriores (incluido el fatídico accidente de Angrois de 2013) demuestran que las conclusiones finales pueden tardar mucho más en llegar.
¿Qué ha pasado? Es (lamentablemente) la noticia del día, sino del mes. Ayer por la tarde, en torno a las ocho menos cuarto, un tren de la operadora Iryo que cubría el trayecto Málaga-Madrid descarriló a la altura de Adamuz (Córdoba) con 289 pasajeros a bordo, además de cuatro tripulantes y el maquinista. 
El incidente habría sido grave ya de por sí, pero la fatalidad quiso que parte del convoy (modelo Fracciarorssa) impactase con otro tren que circulaba en sentido contrario justo en ese instante, un Alvia de Renfe que cubría la ruta entre Puerta de Atocha y Huelva. El resultado: 39 fallecidos (al menos) y más de 100 heridos.
“Muy extraño”. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no tardó en mostrar su extrañeza por el accidente. No solo por la colisión, si no por el descarrilamiento en sí, ya que tanto la maquinaria empleada por Iryo como la infraestructura ferroviaria eran modernas. “El tren Iryo es prácticamente nuevo, no sé si llega a cuatro años, y la vía es una vía completamente renovada, en la que se han invertido 700 millones. En concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, desvíos… en mayo”, comentó.
“El accidente es tremendamente extraño, en una recta. Todos los expertos que hemos podido consultar están tremendamente extrañados”, añadió el titular de Transportes. “Es raro, es muy raro, resulta difícil de explicar en estos momentos. Esperamos que la investigación nos ayude a esclarecer qué ha sucedido”. Eso sí, para conocer esas explicaciones es probable que tengamos que esperar.
Mínimo un mes. Puente ya advierte que a los expertos les llevará al menos semanas recabar los datos, analizarlos y llegar a conclusiones. “Como mínimo hasta dentro de un mes no tendremos la resolución de la investigación”, explicó el ministro antes de recordar que las pesquisas las llevará a cabo, como estipula la normativa, una comisión independiente que deberá “arrojar luz y esclarecer las causas de lo ocurrido”. Aunque cada siniestro tiene sus peculiaridades y no son comparables, incidentes ferroviarios anteriores han requerido bastante más tiempo. Al menos para obtener los informes con las conclusiones finales.
¿Cuánto tiempo? Más allá de las investigaciones que se puedan abrir por otras vías, Transportes dispone de un organismo especial para aclarar siniestros como el de ayer: la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), una entidad activada a finales de 2007 que actúa con “plena independencia funcional” y se centra en el estudio técnico de incidentes registrados en la Red Ferroviaria de Interés General. Su objetivo es analizar toda clase de incidentes (también sucesos sin víctimas) y redactar “informes técnicos” que incluyen recomendaciones.
En su web la propia CIAF detalla que ese documento debe hacerse público lo antes posible e incluso se marca un horizonte temporal: “Este informe se hará público en principio en el plazo máximo de 12 meses desde la fecha del suceso”. 
Ahora mismo la comisión tiene seis investigaciones en curso correspondientes a incidentes ocurridos entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. La más antigua fue un descarrilamiento ocurrido el 26 de noviembre de 2023 cerca de la estación de Madrid-Atocha Cercanías que dejó 14 heridos y en el que no hubo lesionados graves ni muertos. La CIAF aclara que en un primer momento abrió un estudio preliminar, pero tras sus hallazgos decidió pasar a una “investigación formal”.
¿Es eso todo? Sí. Y no. La CIAF es en cierto modo el ‘CSI’ de los siniestros ferroviarios (en 2024 el Congreso aprobó crear una autoridad que investigue accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil), pero eso no significa que vaya a ser la única que analice lo ocurrido. Al menos en parte. El País avanza que Iryo ha reclamado ya un informe urgente al fabricante al que encargó la última inspección del tren descarrillado ayer en Adamuz. Su objetivo a priori no es analizar lo ocurrido, pero sí los últimos exámenes del ferrocarril.
Repasando el caso de Angrois. Aunque el Gobierno advierte que la investigación durará al menos un mes, los estudios de otros siniestros recientes han requerido mucho más tiempo. Quizás el ejemplo más claro y mediático es el del descarrilamiento de Angrois, ocurrido el 24 de julio de 2013 en Galicia y que dejó 80 fallecidos. El diagnóstico definitivo llegó en junio de 2014. Y no estuvo exento de polémica. En 2016 la Agencia Ferroviaria Europea elaboró un informe (a petición de la CE) en el que advierte que la labor de la CIAF no había sido independiente y le reprochaba no haber pasado por alto “elementos clave”. 
Procesos complejos. Eso solo en lo que refiere a la CIAF. El siniestro de Angrois dio pie también a una larga instrucción judicial que se prolongó ocho años y acumuló miles y miles de folios. Las víctimas y sus familiares tuvieron que esperar años para ver la primera condena. En otros incidentes el informe final de la CIAF se han demorado también más de un año, como ocurrió con el accidente registrado en 2016 cerca de Vigo y que se saldó con tres víctimas mortales. 
Imágenes | Álvaro F. Heredia (X) 
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