Alguien vertió tres metros cúbicos de amianto en Las Palmas. Lo pillaron porque se anunciaba en internet como gestor sin licencia

Alba Otero
Alba Otero
En la era de la inmediatez digital, parece que cualquier problema tiene solución a un solo clic de distancia. “Retirada de escombros económica”, “Gestión de residuos rápida”. Estos anuncios inundan portales de compraventa y redes sociales. Sin embargo, detrás de algunos de estos perfiles no hay empresas autorizadas, sino una red de actividades ilegales que terminan con materiales cancerígenos abandonados en el solar de la esquina.
El último caso detectado en Las Palmas de Gran Canaria es el reflejo perfecto de esta problemática. La Policía Local ha logrado identificar a un individuo que no solo operaba de forma clandestina, sino que convirtió el entorno del Mirador de Las Torres en un vertedero de materiales peligrosos.
La voz de alarma. Los hechos se remontan al pasado 19 de diciembre, cuando el aviso de un ciudadano alertó a las autoridades sobre un furgón que descargaba escombros de forma sospechosa en un terraplén de la urbanización Díaz Casanova. Al personarse en el lugar, los agentes del Grupo Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local se encontraron con una estampa alarmante: aproximadamente tres metros cúbicos de planchas de fibrocemento con amianto. En otras palabras, no se trataba de escombro común, sino de un material catalogado como residuo peligroso debido a su alta toxicidad si las fibras se fracturan y son inhaladas.
Una investigación conectada a la red. La investigación no se detuvo en el vertido. Al rastrear el vehículo, los agentes descubrieron un patrón de engaño profesionalizado. Tal como relatan los medios locales, el sospechoso se anunciaba activamente en portales de internet, ofreciéndose para gestionar todo tipo de residuos, incluido el amianto. Sin embargo, al cruzar datos con el Registro de Gestores de Residuos del Gobierno de Canarias, la realidad salió a la luz: el individuo no figuraba ni como gestor ni como transportista autorizado. No tenía los equipos, ni la formación, ni los permisos que exige la ley para manipular “uralita”.
Tras ser localizado, el investigado no tuvo escapatoria. Según las fuentes canarias, el hombre reconoció ser el autor del vertido y admitió que cobraba a sus clientes por un servicio que prestaba de manera ilegal. En lugar de llevar el amianto a una planta de tratamiento autorizada —donde tendría que pagar por su correcta eliminación—, simplemente lo tiraba en descampados para quedarse con el beneficio íntegro.
El marco legal: la Ley 7/2022. Este comportamiento no es solo una falta de civismo; es una infracción grave contra la salud pública y el medio ambiente. Según la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, el abandono de residuos peligrosos está fuertemente penado.
Esta ley busca precisamente acabar con la economía sumergida en el sector de los residuos. La normativa es clara: quien genera el residuo (el dueño de una vivienda que hace una reforma, por ejemplo) tiene la responsabilidad de asegurar que su basura termine en manos de un gestor autorizado. Si se entrega a un “falso gestor” de internet, el productor del residuo también podría verse envuelto en problemas legales.
El amianto, un enemigo invisible. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su guía de residuos, recuerda que el amianto requiere una manipulación especial. Está clasificado bajo códigos específicos como el LER 170605. Cuando estas planchas se rompen al ser arrojadas por un terraplén, liberan fibras microscópicas que, al entrar en los pulmones, pueden causar enfermedades respiratorias graves y cáncer a largo plazo. Por eso, su retirada debe ser realizada por empresas inscritas en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto), algo que el denunciado ignoraba por completo.
¿Cómo actuar correctamente? El caso de Las Torres es una advertencia para toda la ciudadanía. El Ayuntamiento y el Cabildo de Gran Canaria ofrecen alternativas legales para evitar estos delitos:
Cierre contra la impunidad. El responsable del vertido en Las Torres se enfrenta ahora a sanciones económicas que, según la Ley 7/2022, pueden alcanzar cuantías muy elevadas por infracción grave. Este caso sirve de recordatorio de que el entorno natural de la ciudad no es el patio trasero de nadie, y que el rastro digital de los infractores, tarde o temprano, termina llegando a manos de la justicia.
Lo que empezó como un anuncio “barato” en una página de internet ha terminado en una denuncia penal y un daño ambiental que ahora todos los contribuyentes deberán, de una forma u otra, ayudar a subsanar.
Imagen | Policía Local Las Palmas
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